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Regla final de carga pública y cómo afecta a los inmigrantes

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El 9 de septiembre de 2022, el DHS de los Estados Unidos publicó un regla final sobre ‘carga pública’, que entró en vigencia el 23 de diciembre de 2022. Esta regla aclara cómo DHS determinará la inadmisibilidad por ser una carga pública.

La regla restablece el entendimiento histórico de esta causal de inadmisibilidad, que se refiere a la posibilidad de negar una tarjeta verde, visa o admisión a los Estados Unidos a una persona que probablemente se convierta en una carga para el estado al depender de la asistencia pública.

¿Qué es una regla de carga pública?

Una regla de “carga pública” es un motivo de inadmisibilidad. Los motivos de inadmisibilidad son factores que pueden descalificar a una persona para obtener una tarjeta verde, visa o admisión a los Estados Unidos. Los oficiales de inmigración usan esta regla para determinar si es probable que un solicitante dependa de la asistencia del gobierno en el futuro, lo que lo convertiría en una “carga pública”. Sin embargo, solo algunos solicitantes están sujetos a esta regla, y solo se aplica a algunos solicitantes de tarjetas verdes.

¿Qué es la prueba de carga pública?

En las solicitudes de inmigración, muchos no ciudadanos no están obligados a someterse a una prueba de carga pública. Sin embargo, para aquellos que necesitan tomar la prueba, la ley federal dicta que los funcionarios de inmigración deben considerar ciertos factores para determinar si es probable que la persona se convierta en una carga pública. Éstas incluyen:

  • Edad
  • Estado familiar
  • Salud
  • recursos
  • Activos, recursos y estado financiero
  • Educación y habilidades

Para algunos solicitantes, una Declaración Jurada de Patrocinio (USCIS Form I-864) también es requerido.

Según la política del DHS desde hace mucho tiempo y la nueva regla final del DHS sobre carga pública, los únicos beneficios públicos que los funcionarios de inmigración consideran como parte de la prueba de carga pública son:

  • Asistencia en efectivo estatal, tribal, territorial o local para el mantenimiento de ingresos
  • Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI)
  • Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF)
  • Institucionalización para el cuidado a largo plazo a expensas del gobierno

¿El gobierno federal considera los beneficios públicos como carga pública?

El gobierno federal excluyó muchos beneficios y servicios públicos de atención médica, nutrición, vivienda y otros fines específicos en la prueba de carga pública. Éstas incluyen:

Algunos de los beneficios excluidos de la prueba de carga pública son:

  • Medicaid (excepto para la institucionalización a largo plazo), CHIP, Medicare
  • SNAP, WIC, comidas escolares gratuitas o a precio reducido
  • COVID-19 Vacunas, pruebas y tratamiento
  • Servicios de salud en el hogar o en la comunidad
  • beneficios complementarios o de propósito especial, como cuidado de niños o asistencia con los servicios públicos
  • Vivienda pública y albergue

Además, la última regla final del DHS sobre la carga pública deja en claro que:

  • El gobierno federal no considerará los beneficios que reciben los miembros de la familia que no sean el solicitante (como un hijo ciudadano estadounidense) en la prueba de carga pública del solicitante.
  • La prueba de carga pública no incluye estar en una institución para rehabilitación a corto plazo o condena penal.
  • La discapacidad por sí sola no es suficiente para convertir a alguien en una carga pública.
  • Recibir beneficios considerados en la prueba de carga pública no clasifica automáticamente a alguien como carga pública.

¿Se aplica la carga pública a todos los inmigrantes?

Muchos no ciudadanos están exentos de la prueba de carga pública en sus solicitudes de inmigración. De acuerdo con la ley actual, la nueva regla final del DHS sobre carga pública y la política del DHS, los siguientes grupos generalmente no tienen que someterse a la prueba de inadmisibilidad de carga pública:

  • Personas que solicitan o reciben:
    • Asilo
    • Situación de refugiado
    • Visas U o T
    • Estatus Especial de Inmigrante Juvenil (SIJS)
    • Auto-peticiones VAWA
    • ciudadanía estadounidense
  • Individuos que buscan solicitar o renovar DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) o TPS (Estado de Protección Temporal)

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Descripción general de la regla de carga pública

La regla de carga pública de 2019

En 2019, el gobierno modificó la “regla de carga pública” durante la administración Trump para dificultar que las personas obtengan tarjetas de residencia y visas. La nueva regla amplió la definición de dependencia de los beneficios del gobierno y agregó la consideración de la probabilidad futura de depender de dichos beneficios. Este cambio resultó en una disminución en el número de personas que eran elegibles para estos documentos.

En 2019, se publicaron dos versiones de la regulación de “Carga pública”: una del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que se aplicaba a los solicitantes de tarjetas verdes dentro de los Estados Unidos y otra del Departamento de Estado (DOS) que se aplicaba a los que estaban fuera. los Estados Unidos. Ambas versiones de la regla ya no están en vigor. La administración de Biden detuvo la regla del DHS el 9 de marzo de 2021 y una orden judicial detuvo la política del DOS el 29 de julio de 2020.

En 2019, el DHS creó la base para negar tarjetas de residencia a inmigrantes en los Estados Unidos.

Éstas incluyen:

1. Uso previo de determinadas prestaciones públicas:

El DHS amplió la definición de carga pública para incluir beneficios comunes como:

-Cupones de alimentos

-Seguro de enfermedad

-Subsidios federales de vivienda

– Asistencia para la vivienda

Si una persona utiliza uno o más de estos beneficios durante más de 12 meses dentro de los 36 meses, el DHS podría denegar su solicitud de tarjeta verde.

2. Aprovechar los beneficios de la carga pública en el futuro:

El DHS incluyó algunos factores que el departamento de inmigración considerará para determinar si una persona podría convertirse en una carga pública en el futuro.

Éstas incluyen:

  • Edad : los solicitantes solo son elegibles si tienen más de 18 años (incapacidad para trabajar), más de 61 (edad mínima de jubilación) o no tienen ninguna edad que afecte su capacidad para trabajar. Esto fue importante para determinar si un inmigrante se convertiría en una carga pública en el futuro.
  • Salud: DHS examina a cada solicitante para asegurarse de que su salud no afecte su capacidad para trabajar.
  • Tamaño de la familia: tener una familia numerosa podría aumentar la probabilidad de que se le niegue la visa.

3. Educación y Habilidades:

Los solicitantes deben demostrar que pueden obtener y mantener un empleo. El historial de empleo, el diploma de escuela secundaria, las habilidades ocupacionales, las credenciales y el dominio del inglés y otros idiomas de los solicitantes determinan en gran medida si obtienen una visa o una tarjeta verde.

4. Estado financiero:

Además de analizar los ingresos y los bienes del solicitante, el DHS analizó otros factores. Estos factores son el historial crediticio, la puntuación crediticia y los pasivos financieros. Además, si el solicitante tiene suficiente seguro para cubrir los costos médicos.

Regla de carga pública en 2022

El gobierno de los Estados Unidos propuso la nueva regla de carga pública el 24 de febrero de 2022, basada principalmente en la regla de carga pública de 1999. Se publicó como regla final el 9 de septiembre de 2022 y entró en vigencia el 23 de diciembre de 2022.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no considerará la participación de una persona en programas de beneficios que no sean en efectivo, como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), viviendas públicas o programas de almuerzos escolares, al determinar si es probable que la persona se convierta en una carga pública. La única excepción es si el individuo recibe una institucionalización a largo plazo a expensas del gobierno.

Regla final de carga pública el 23 de diciembre de 2022: ¿Qué hay de nuevo?

A partir del 23 de diciembre de 2022, todos los solicitantes de una tarjeta verde en los EE. UU. presentarán la última versión del Formulario I-485 (Solicitud de ajuste de estatus).

El formulario ha sufrido algunos cambios y el gobierno solicitará nuevos datos a los solicitantes: Estos incluyen:

1. Intentar equilibrar sus ingresos/activos con su deuda

El nuevo formulario requiere que los solicitantes proporcionen detalles sobre sus ingresos, activos y montos de deuda. Estos incluyen préstamos para la vivienda (hipotecas), préstamos para vehículos, préstamos para estudiantes y préstamos comerciales/para pequeñas empresas. Si bien las deudas renovables, como las tarjetas de crédito y las suscripciones, pueden considerarse menos importantes, aún se recomienda informarlas si son significativas (más de $ 10,000).

2. El gobierno le pedirá información sobre su educación, habilidades y calificaciones

Deberá revelar su nivel más alto de educación, certificaciones profesionales y habilidades laborales. El gobierno utilizará esta información para evaluar su probabilidad de empleo e identificar posibles profesiones para usted.

3. Beneficios públicos en efectivo recaudados de los EE. UU.

Como residente permanente o ciudadano no estadounidense, el uso de los beneficios públicos, en particular los beneficios en efectivo proporcionados por el gobierno estatal o federal, puede afectar negativamente su solicitud de inmigración. Es importante tener en cuenta que estos beneficios a menudo se limitan a los ciudadanos estadounidenses o sus familiares. Además, el gobierno puede preguntar si ha sido institucionalizado a expensas del gobierno de los EE. UU.

¿Qué significa esto para los inmigrantes?

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) ha incluido algunos guía sobre lo que es y no es necesario para la sección de beneficios del formulario.

De acuerdo con las instrucciones del nuevo formulario del USCIS, no necesita incluir evidencia adicional con su solicitud para respaldar la información que proporcionó en el formulario. Sin embargo, la agencia puede solicitar evidencia adicional, llamada Solicitud de Pruebas (RFE) , si requiere más documentación para decidir sobre su solicitud.

Es posible que le preocupe el impacto potencial de la regla final de carga pública sobre usted. Llame a nuestra oficina al 914-481-8822 para programar una consulta con un abogado de inmigración con experiencia y conocimientos. Esto le dará la oportunidad de discutir sus circunstancias específicas y recibir orientación profesional sobre cómo proceder.

Publicado porGergana Genova

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